La Generalidad de Cataluña incumplirá dos sentencias más del Tribunal Superior de Justicia sobre el uso del castellano en Cataluña.

La Generalitat de Cataluña dio ayer por hecho que seguirá incumpliendo la jurisprudencia que el Tribunal Supremo acaba de confirmar con otras dos sentencias que critican la «exclusión de hecho» del castellano en los colegios e institutos de esa comunidad autónoma y obligan al Govern a aplicar el fallo del Constitucional sobre el Estatut para «reintroducir» el español como lengua vehicular de la enseñanza.

Es la primera vez que el Alto Tribunal notifica una resolución en ese sentido desde que el Govern de Artur Mas proclamase -tras suscribir un pacto de investidura con el Partido Socialista para «preservar el modelo educativo catalán definido en el Pacto Nacional de Educación, la Ley de Educación de Cataluña y el modelo lingüístico de la escuela catalana»- que no tiene ninguna intención de cumplir ese mandato, expresado en otras tres resoluciones, fechadas en diciembre de 2010.
El Supremo no se ha movido ni una coma de su interpretación de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, como tampoco es previsible que la Generalitat recule en su actitud de rebeldía institucional. Ayer, la consejera de Educación, Irene Rigau, insistió en que es su Departamento el que decide «la proporción» del uso de las dos lenguas cooficiales en la enseñanza obligatoria no universitaria.
Las sentencias del Tribunal Supremo ordenan a la Generalitat que adapte el sistema educativo «en la proporción que proceda, dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana, de modo que el castellano no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza».
Y precisa aún más, cuando añade que esa adaptación debe llevarse a cabo «en una proporción razonable que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia», que es lo que el Alto Tribunal considera que ocurre ahora.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima de nuevo sendos recursos promovidos por la asociación Convivencia Cívica Catalana en nombre de padres de alumnos de los colegios Mare de Deu del Roser y Feliu y Vegués, ambos en Barcelona y financiados con fondos públicos, que pretendían que sus hijos recibiesen «la enseñanza en su lengua habitual, esto es, el castellano» y que «la lengua castellana sea reintroducida como lengua docente o vehicular en todos los niveles de la enseñanza».
El Alto Tribunal declara ese derecho de los recurrentes y resuelve que «en consecuencia y para ello la Generalitat deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada» por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, y en especial el fundamento que concluye lo siguiente: «El catalán debe ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña».
En esa comunidad autónoma, se produce una «exclusión de hecho» del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, lo que «pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral», argumentan las sentencias del Supremo, que reproducen la primera que inició esta doctrina, de 9 de diciembre de 2010.
Las resoluciones concluyen que «en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral, de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución».
La política de normalización, dice el Supremo, «no puede ir más allá hasta el punto de negar la realidad de la convivencia armónica de ambas lenguas cooficiales en Cataluña, intentando ignorar el deber constitucional de todos los españoles de conocer el castellano y el correlativo derecho a usarlo».
A este respecto, subraya que sería contrario a la Constitución «reducir el castellano a una materia docente más del currículo de las diferentes etapas educativas obligatorias y privarle de su condición de lengua vehicular junto con el catalán».

«Si es necesario, todos a la cárcel»

El presidente de la entidad Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, afirmó tras conocer la sentencia que, ante la pasividad que a su juicio demuestra la Generalitat, la consejera Irene Rigau y el 'president', Artur Mas, deberían ser procesados por prevaricación y por desobediencia a la autoridad: «Si es necesario, que lleven a la cárcel a todos y cada uno».
«Esta broma de la inmersión ha durado más de 17 años, y es grave», aseguró.
En sentido opuesto, la plataforma catalanista 'somescola.cat' emitió una nota en la que «rechaza contundentemente» las sentencias que, en su opinión, «atentan claramente contra uno de los elementos básicos de la escuela catalana».