La asociación Convivencia Cívica Catalana dijo hoy que sería una especie de “golpe de Estado blando” que el Gobierno de Artur Mas no aplicara la resolución judicial que obliga a que el castellano pueda ser elegido en dos meses como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.
Así se pronunció, en declaraciones a Servimedia, Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica, cuya asociación ha sido la que ha propiciado la sentencia sobre el castellano dictada por el Tribunal Superior de Justicia en Cataluña (TSJC).
En este sentido, Caja tildó de “respuesta es antidemocrática” la reacción que el Gobierno catalán está teniendo a esta resolución judicial, puesto que “una regla básica de la democracia es el cumplimiento de las sentencias, de lo contrario no existiría la separación de poderes y el poder político sería impune”.
Por este motivo, el responsable de Convivencia Cívica señaló que “el no cumplir una sentencia judicial implica vulnerar las bases del Estado de derecho”, por lo que actuar de esta forma puede considerarse “un golpe de estado blando”.
Destacó que lo que sucede con el castellano en la enseñanza catalana es que “hay unos ciudadanos que han acudido a la Justicia, ésta se ha pronunciado y el poder político no acata esa decisión”. Esto, a su juicio, supone que “están dispuestos a alterar las reglas de juego, a declararse independientes de la Justicia”.
“Eso un golpe de Estado, no con tanques, pero es una actitud golpista”, aseguró Caja, quien planteó que responsables del Gobierno catalán deberían ser procesados por desobedecer a la Justicia si no convierten el castellano en una de las lenguas vehiculares de la enseñanza en esta comunidad autónoma.
