Un juez obliga a retirar de internet el vídeo sobre “el mayor robo de la historia de Cataluña”

A la espera de que se resuelva el recurso contra la sentencia en la que se condenaba al semanario Cafe amb llet a pagar una indemnización por difamar al presidente del Parque de Salud de Barcelona y asesor de Presidencia de Artur Mas, Josep Maria Via, la jueza del caso ha decretado la retirada del vídeo de los canales y de la web de la revista. (Ver video)
En la nota que ha hecho pública Cafe amb llet, aseguran que en el vídeo explicaban básicamente dos cosas: la enorme opacidad en el sistema sanitario catalán y cómo esta opacidad permite enriquecerse a unas cuantas personas. Los editores de la revista han conseguido 17.000 euros mediante crowdfounding para publicar un libro en el que cuenten su proceso de investigación.
Desde el semanario, explican que “para ilustrar esta opacidad, explicamos el caso de los hospitales de Blanes i Calella, dónde un grupo de gestores y cargos políticos hicieron desaparecer según la Sindicatura de Comptes, 2,4 millones de euros públicos. La Sindicatura nos explica que los euros se usaron , entre otras cosas, para pagar restaurantes, viajes y comisiones que nunca pudieron ser acreditadas. Uno de los participantes en esta trama descubierta por la Sindicatura es el diputado de CiU Xavier Crespo, muy conocido actualmente por su presunta relación con la mafia rusa. En el vídeo también salen otras tres personas: Ramon Bagó, Josep Prat y Carles Manté. Actualmente Josep Prat y Carles Manté están imputados por presunta estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos”.

La Generalidad manipula datos sobre el consumo de cine en catalán.

El anteproyecto de la Ley del Cine en Cataluña está en fase de discusión parlamentaria. Ya escribí un artículo en Libertad Digital contra esta Ley (No al doblaje impuesto en catalán), argumentando que si los espectadores reamente prefirieran ver una proporción mayor de cine doblado al catalán la intervención del Estado no es necesaria, pues en el mercado las empresas tienen incentivos para satisfacer demandas desatendidas.

En esta entrada quiero centrarme en los datos que la Generalitat aporta para justificar esta ley (véase la presentación Power Point enlazada al final de este documento). Su manejo de las cifras solo puede calificarse de manipulación.
En primer lugar hace referencia a esta encuesta del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (click para ampliar):

Nótese cómo está formulada la pregunta de la encuesta: "Las películas tendrían que estar disponibles en las dos lenguas...". El 82.4% está de acuerdo, claro. ¿Quién va a oponerse a que haya "películas disponibles en las dos lenguas"? De hecho, ya las hay. Lo que no hay, en todo caso, es "suficientes" películas disponibles en catalán (desde el punto de vista de los legisladores), pero la encuesta no pregunta si debería haber la misma proporción, que es de lo que se ocupa la Ley en cuestión.
Si la pregunta está bien formulada debería funcionar a la inversa: "Las películas no tendrían que estar disponibles en las dos lenguas...". Es obvio que en este caso la proporción de gente contestando "en desacuerdo" sería aún mayor que el 82.4%, pues da la impresión de que te estén preguntando si quieres prohibir las películas en un determinado idioma.
Además, la pregunta no invita al encuestado a plantearse una elección o considerar un tradeoff: tiene que contestar en abstracto si le parece bien que haya películas en los dos idiomas, con independencia de que luego siempre se decante por uno. Del mismo modo, si se preguntara a la gente si las películas deben estar disponibles en tres o más lenguas, ¿por qué iba a contestar que no? Al fin y al cabo, no le están preguntando cuál escogería o en qué lengua quiere que esté la película en su cine local.
Algunas preguntas alternativas más honestas hubieran sido:

• ¿En qué idioma prefiere ver una película en el cine, en catalán o en castellano?
• ¿Iría a ver más películas en catalán si hubiera más copias en catalán?
• En su cine local, si la película solo se exhibiera en una sala, ¿prefiría que fuera la versión castellana o la versión catalana?

Pero, por supuesto, hay una fuente de información más fiable: los datos de consumo real de los espectadores. En este contexto la Generalitat presenta otro gráfico:

La falacia en este caso es aún más sangrante: no son datos comparables. Lo explica claramente un comunicado del gremio de exhibidores:

Respecto a los datos referentes a la media de espectadores por sesión según versión que aparecen en el informe de las bases de la ley de cine de Cataluña, se trata de cifras no comparativas, que no reflejan la realidad. Actualmente se doblan al catalán aquellas películas que se considera pueden tener un éxito comercial importante (blockbuster americanos), mientras un gran número de títulos poco comerciales se estrenan sólo en castellano haciendo bajar la media de recaudación por sesión. Por este motivo, es lógico estadísticamente que el ratio medio de espectadores por proyección sea superior en las películas de cine en catalán que en castellano.

Ahora tomemos cifras comparables: media de espectadores por sesión para una misma película, cuando en un complejo multisalas se proyecta la versión castellana y catalana. ¿Cuáles son los resultados? El 78,2% de los espectadores opta por la versión castellana, frente al 21,8% que escoge la versión catalana (La Vanguardia, 6/3/09, págs. 28-29).
Los exhibidores ponen otro ejemplo (énfasis mío):

Si tomamos como referente el estreno de “Vicky Cristina Barcelona” en los cines de Cataluña, donde sólo 5 copias se exhibieron en castellano, comparado con 47 copias en catalán, y 22 en versión original, la media de recaudación por copia de la versión castellana es más de cinco veces superior a la de la versión catalana. Incluso la versión original ha funcionado mejor que la catalana (de media, casi el doble por copia).
Además, en el TOP 10 a nivel estatal de esta película, en el primer fin de semana se situaron seis copias de la película estrenadas en Cataluña: cuatro en castellano y dos en versión original (ninguna en lengua catalana).

La Generalitat se contenta con presentar esos datos como base de la nueva Ley. Vaya rigor.

El pueblo catalán se levanta ante los abusos de la "Generalitat"

La asociación Convivencia Cívica Catalana dijo hoy que sería una especie de “golpe de Estado blando” que el Gobierno de Artur Mas no aplicara la resolución judicial que obliga a que el castellano pueda ser elegido en dos meses como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.
Así se pronunció, en declaraciones a Servimedia, Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica, cuya asociación ha sido la que ha propiciado la sentencia sobre el castellano dictada por el Tribunal Superior de Justicia en Cataluña (TSJC).

En este sentido, Caja tildó de “respuesta es antidemocrática” la reacción que el Gobierno catalán está teniendo a esta resolución judicial, puesto que “una regla básica de la democracia es el cumplimiento de las sentencias, de lo contrario no existiría la separación de poderes y el poder político sería impune”.

Por este motivo, el responsable de Convivencia Cívica señaló que “el no cumplir una sentencia judicial implica vulnerar las bases del Estado de derecho”, por lo que actuar de esta forma puede considerarse “un golpe de estado blando”.

Destacó que lo que sucede con el castellano en la enseñanza catalana es que “hay unos ciudadanos que han acudido a la Justicia, ésta se ha pronunciado y el poder político no acata esa decisión”. Esto, a su juicio, supone que “están dispuestos a alterar las reglas de juego, a declararse independientes de la Justicia”.

“Eso un golpe de Estado, no con tanques, pero es una actitud golpista”, aseguró Caja, quien planteó que responsables del Gobierno catalán deberían ser procesados por desobedecer a la Justicia si no convierten el castellano en una de las lenguas vehiculares de la enseñanza en esta comunidad autónoma.